
El lunes próximo Enarsa anunciará la apertura de más de treinta sobres presentados en la licitación de la futura provisión de 1.015 MW en energías renovables. Según técnicos vinculados con esos negocios eléctricos, los oferentes podrían aportar el ingreso de inversiones por más de u$s1.500 millones, para cuya amortización contarán con el reaseguro de contratos a término de venta de energía por un plazo de quince años.
Por supuesto que las adjudicaciones se resolverán por el menor precio cotizado por la provisión de esa futura energía, cuya comercialización tendrán garantizada. Tal como aconteció en la etapa inicial de las privatizaciones de las grandes usinas térmicas, como Costanera, Central Puerto o San Nicolás, que contaron en 1992 con contratos a término en ese momento determinados por un plazo de ocho años a razón de u$s40 el MW/hora, ahora los interesados en esas fuentes renovables tendrán su inversión asegurada. En el arranque de las privatizaciones eléctricas lo que buscó el Estado fue asegurarse la ejecución de obras de repotenciación y la instalación de ciclos combinados en esas viejas usinas que parecían próximas a ver finalizar su vida útil y que funcionaban con muy bajos parámetros de disponibilidad operativa.
Ese factor había sido, a fines de 1988 y comienzos de 1989, desencadenante de la mayor crisis eléctrica que padeció el país, colapso que obligó a la aplicación de apagones programados de energía para suprimir demanda, cosa que nunca más volvió a ocurrir.
Ahora, ante los desafíos que plantea el temido cambio climático, así como la conveniencia estratégica de tener que acotar el consumo de gas natural, fuel oil y gasoil en las usinas térmicas, la licitación de Enarsa puede evaluarse como un saludable replanteo producto del retorno de la planificación energética que volvió a liderar el Estado. En la década del ’90 los inversores privados se lanzaron a instalar más de 6.600 MW en ciclos combinados pero sin asegurarse que existiera una apropiada disponibilidad de gas natural.
En reacción frente a la crisis que se evidenció en la oferta de gas natural por la falta de oportunas inversiones en la exploración petrolera, el Gobierno a partir de mayo del 2004 encaró las obras de elevación de la cota del embalse de Yacyretá. En agosto del 2006 se relanzó a pleno el Plan Nuclear que estaba literalmente paralizado resolviéndose terminar Atucha II, la extensión de la vida útil de Embalse y la próxima contratación del proyecto de una cuarta usina de potencia (Atucha III). Luego Enarsa preparó su licitación de 1.015 MW en energías renovables previéndose además encarar (con Brasil) los aprovechamientos hidroeléctricos de Garabí y Roncador, el montaje de una usina en el brazo Aña Cuá de Yacyretá y las obras de Chichuidos I, La Barrancosa y Condor Cliff.